JUAN JOSÉ DURÁN VALSERO Y ROBERTO MARTÍNEZ ORÍO 02/03/2011
Posiblemente, la inmensa mayoría de los lectores de este periódico no sepan lo que es un servicio geológico, aunque aproximadamente uno de cada cuatro españoles, sabiéndolo o sin saberlo, directa o indirectamente, se ha beneficiado o ha tenido algún tipo de relación en los últimos años con el Instituto Geológico y Minero de España. El IGME, más conocido por este acrónimo, es un Organismo Público de Investigación (OPI) actualmente adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, que viene realizando las funciones de servicio geológico español desde hace más de 160 años.
Calles con nombres dedicados al propio Instituto o a algunos de sus ilustres representantes, placas instaladas en fuentes y pozos de abastecimiento urbano, incontables expresiones de agradecimiento escritas en las actas de numerosos ayuntamientos de toda la geografía española y decenas de miles de titulares de prensa, dan fe de que el IGME ha sido, a lo largo de su dilatada existencia histórica, un organismo muy querido por la ciudadanía, y sus opiniones y juicios técnicos muy solicitados y tenidos en cuenta por quienes la representan.
Sin embargo, en este momento, apenas un puñado de personas, quizás del orden de centenares, algún millar todo lo más, somos conscientes de que el papel del IGME como servicio geológico nacional está en serio peligro. ¿Qué ha ocurrido para que esas circunstancias hayan cambiado tanto? Si el riesgo es cierto, ¿perdería algo realmente importante la sociedad española y el conjunto de la ciudadanía? La respuesta es sí y vamos a intentar explicarla.
Creado en 1849, mediante decreto de la reina Isabel II, es uno de los servicios geológicos nacionales de mayor solera en la escena mundial. Nació con vocación aplicada, siendo su primera misión institucional la realización del mapa geológico del territorio nacional. En esa tarea ha invertido casi 150 años, con la implicación de varias generaciones de ingenieros de minas y geólogos, y tras su finalización podemos estar orgullosos de ser uno de los pocos países del mundo que posee una cartografía geológica completa a una escala (1:50.000) de detalle suficiente para cubrir un amplio abanico de objetivos.
Sin ánimo de ser exhaustivo, el conocimiento detallado de las características geológicas del territorio nacional permite utilizar mejor y proteger sus aguas subterráneas, fundamentales, en un país con fuertes desequilibrios climáticos como es España, para el abastecimiento urbano de millones de habitantes, la agricultura y la industria, así como para el funcionamiento y mantenimiento de los ecosistemas naturales. También permite este conocimiento geológico evaluar y poner a disposición de las empresas públicas y privadas los diferentes recursos minerales existentes en el subsuelo, como los de carácter energético, minerales metálicos, rocas ornamentales, áridos para la construcción, etc. Y constituye, además, una información básica para el correcto trazado y la ejecución de infraestructuras de carreteras y ferrocarriles.
Un servicio geológico colabora, además, en minimizar los efectos negativos de los procesos geológicos activos, tales como inundaciones, terremotos, deslizamientos, volcanes o hundimientos, entre otros, y contribuye a paliar las consecuencias del cambio climático inducido por el hombre a través de la búsqueda de alternativas para la ubicación de emplazamientos subterráneos seguros para el almacenamiento del dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles. Todo ello sin olvidar otras funciones tan importantes como promover y divulgar el conocimiento de las Ciencias de la Tierra, especialmente a través de una de las mejores colecciones públicas de minerales y fósiles existentes en Europa. Tengamos en cuenta que en los últimos diez años casi medio millón de personas, fundamentalmente escolares, han desfilado por el Museo Geominero, regentado por el IGME, disfrutando con su visita e incrementando su admiración y respeto por el rico y variado patrimonio geológico y minero representado en sus miles de valiosos ejemplares. La dimensión nacional se complementa, por su calidad de servicio geológico, con su proyección a escala europea e iberoamericana, a través de la Asociación Europea de Servicios Geológicos, EuroGeoSurveys, y de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, ASGMI, que permiten su intervención en aspectos legislativos y de cooperación internacional y ayuda al desarrollo.
Sin embargo, en los últimos años, algunos nubarrones han oscurecido notablemente este panorama histórico de logros y bondades. Citaremos únicamente tres circunstancias, que consideramos claves en la situación actual y por cuya superación pasa inevitablemente el futuro del IGME. En primer lugar, la dualidad Organismo Público de Investigación - Servicio Geológico Nacional se ha ido tensionando paulatinamente, en detrimento de las funciones de este último, hasta extremos difícilmente sostenibles; en segunda instancia, la amenaza latente de una nueva Ley de la Ciencia, en la que el articulado posibilita al Gobierno la supresión de cualquier OPI sin mayor trámite que un simple decreto y cuyo borrador ha superado en el Congreso de los Diputados, hace tan sólo unas semanas, el trámite de presentación de enmiendas y afectará de manera inmediata, tras su aprobación, a todos los OPI, IGME incluido; y, en tercer y último lugar, que en este caso es el de mayor importancia, los recortes derivados de la crisis financiera se han traducido en la caída en los dos últimos años del presupuesto del IGME en un 45 %, haciendo peligrar la viabilidad de su existencia.
Estas tres circunstancias son, además de otros detalles que sería excesivamente prolijo enumerar, las que nos hacen pensar, a un nutrido grupo de técnicos, investigadores, empresarios, empleados públicos de diferentes ministerios, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, sindicalistas y gente de a pie, que el papel del IGME como Servicio Geológico Nacional está profundamente herido de muerte. No somos los únicos; hace unos meses, una carta firmada por todos los exdirectores vivos del IGME, entre los que se encuentran, lógicamente, procedencias de todas las sensibilidades políticas mayoritarias, fue dirigida al Secretario de Estado de Investigación, a la sazón actual presidente del IGME, instándole a reconsiderar la línea de destrucción de sus funciones como servicio geológico y a reforzarlas en el papel del IGME ante la sociedad española. Aunque parezca increíble, podría darse la paradoja de que en un contexto de profunda crisis económica en todas las administraciones públicas, que está cuestionando en algunos sectores la viabilidad futura del gasto público, especialmente con motivo de la duplicidad de los gastos autonómicos, se dinamite de manera controlada, uno de los escasos ejemplos modélicos de eficiencia y de cooperación interinstitucional. El IGME es un Servicio Geológico Nacional que ofrece su asesoramiento experto en cuestiones relacionadas con las Ciencias de la Tierra a todas las administraciones públicas (estatal, autonómica y local), en primera instancia y, de manera subsidiaria, al conjunto de la ciudadanía. Si hemos tenido éxito en nuestra explicación, el lector habrá comprobado que los ámbitos de aplicación de su trabajo son muchos, muy variados y con importantes implicaciones económicas, sociales y ambientales. Es fácil imaginar cuánto costaría mantener 17 servicios geológicos autonómicos que realizaran las funciones equivalentes a las que actualmente el IGME lleva a cabo.
Por todo esto, entendemos que hoy, más que nunca, pervive la necesidad de mantener en activo un Servicio Geológico Nacional con un mandato claro y con suficientes recursos económicos, pues afortunadamente posee un capital humano que roza la excelencia. No hay que olvidar que un porcentaje importante de los recursos económicos con los que trabaja cada año proceden de la autofinanciación que proviene de las citadas funciones como servicio geológico. España, por suerte, tiene un buen servicio geológico nacional y no puede permitirse dejar de tenerlo. Menos aún bajo la apariencia de un teórico paso adelante en el ámbito de la modernización de la estructura de la I+D+i, encubierta en la futura Ley de la Ciencia. Todo parece indicar que quien debería verlo no está viendo lo que está pasando ante sus propios ojos, y si lo ve, no está sopesando adecuadamente las consecuencias. Colectivamente no estamos para permitirnos errores de este calibre. Hay que salvar ahora al Servicio Geológico Nacional, hay que salvar al IGME. Este es un mensaje de socorro, mañana será tarde.
Juan José Durán Valsero es geólogo, investigador titular de OPI
Posiblemente, la inmensa mayoría de los lectores de este periódico no sepan lo que es un servicio geológico, aunque aproximadamente uno de cada cuatro españoles, sabiéndolo o sin saberlo, directa o indirectamente, se ha beneficiado o ha tenido algún tipo de relación en los últimos años con el Instituto Geológico y Minero de España. El IGME, más conocido por este acrónimo, es un Organismo Público de Investigación (OPI) actualmente adscrito al Ministerio de Ciencia e Innovación, que viene realizando las funciones de servicio geológico español desde hace más de 160 años.
Calles con nombres dedicados al propio Instituto o a algunos de sus ilustres representantes, placas instaladas en fuentes y pozos de abastecimiento urbano, incontables expresiones de agradecimiento escritas en las actas de numerosos ayuntamientos de toda la geografía española y decenas de miles de titulares de prensa, dan fe de que el IGME ha sido, a lo largo de su dilatada existencia histórica, un organismo muy querido por la ciudadanía, y sus opiniones y juicios técnicos muy solicitados y tenidos en cuenta por quienes la representan.
Sin embargo, en este momento, apenas un puñado de personas, quizás del orden de centenares, algún millar todo lo más, somos conscientes de que el papel del IGME como servicio geológico nacional está en serio peligro. ¿Qué ha ocurrido para que esas circunstancias hayan cambiado tanto? Si el riesgo es cierto, ¿perdería algo realmente importante la sociedad española y el conjunto de la ciudadanía? La respuesta es sí y vamos a intentar explicarla.
Creado en 1849, mediante decreto de la reina Isabel II, es uno de los servicios geológicos nacionales de mayor solera en la escena mundial. Nació con vocación aplicada, siendo su primera misión institucional la realización del mapa geológico del territorio nacional. En esa tarea ha invertido casi 150 años, con la implicación de varias generaciones de ingenieros de minas y geólogos, y tras su finalización podemos estar orgullosos de ser uno de los pocos países del mundo que posee una cartografía geológica completa a una escala (1:50.000) de detalle suficiente para cubrir un amplio abanico de objetivos.
Sin ánimo de ser exhaustivo, el conocimiento detallado de las características geológicas del territorio nacional permite utilizar mejor y proteger sus aguas subterráneas, fundamentales, en un país con fuertes desequilibrios climáticos como es España, para el abastecimiento urbano de millones de habitantes, la agricultura y la industria, así como para el funcionamiento y mantenimiento de los ecosistemas naturales. También permite este conocimiento geológico evaluar y poner a disposición de las empresas públicas y privadas los diferentes recursos minerales existentes en el subsuelo, como los de carácter energético, minerales metálicos, rocas ornamentales, áridos para la construcción, etc. Y constituye, además, una información básica para el correcto trazado y la ejecución de infraestructuras de carreteras y ferrocarriles.
Un servicio geológico colabora, además, en minimizar los efectos negativos de los procesos geológicos activos, tales como inundaciones, terremotos, deslizamientos, volcanes o hundimientos, entre otros, y contribuye a paliar las consecuencias del cambio climático inducido por el hombre a través de la búsqueda de alternativas para la ubicación de emplazamientos subterráneos seguros para el almacenamiento del dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles. Todo ello sin olvidar otras funciones tan importantes como promover y divulgar el conocimiento de las Ciencias de la Tierra, especialmente a través de una de las mejores colecciones públicas de minerales y fósiles existentes en Europa. Tengamos en cuenta que en los últimos diez años casi medio millón de personas, fundamentalmente escolares, han desfilado por el Museo Geominero, regentado por el IGME, disfrutando con su visita e incrementando su admiración y respeto por el rico y variado patrimonio geológico y minero representado en sus miles de valiosos ejemplares. La dimensión nacional se complementa, por su calidad de servicio geológico, con su proyección a escala europea e iberoamericana, a través de la Asociación Europea de Servicios Geológicos, EuroGeoSurveys, y de la Asociación de Servicios de Geología y Minería Iberoamericanos, ASGMI, que permiten su intervención en aspectos legislativos y de cooperación internacional y ayuda al desarrollo.
Sin embargo, en los últimos años, algunos nubarrones han oscurecido notablemente este panorama histórico de logros y bondades. Citaremos únicamente tres circunstancias, que consideramos claves en la situación actual y por cuya superación pasa inevitablemente el futuro del IGME. En primer lugar, la dualidad Organismo Público de Investigación - Servicio Geológico Nacional se ha ido tensionando paulatinamente, en detrimento de las funciones de este último, hasta extremos difícilmente sostenibles; en segunda instancia, la amenaza latente de una nueva Ley de la Ciencia, en la que el articulado posibilita al Gobierno la supresión de cualquier OPI sin mayor trámite que un simple decreto y cuyo borrador ha superado en el Congreso de los Diputados, hace tan sólo unas semanas, el trámite de presentación de enmiendas y afectará de manera inmediata, tras su aprobación, a todos los OPI, IGME incluido; y, en tercer y último lugar, que en este caso es el de mayor importancia, los recortes derivados de la crisis financiera se han traducido en la caída en los dos últimos años del presupuesto del IGME en un 45 %, haciendo peligrar la viabilidad de su existencia.
Estas tres circunstancias son, además de otros detalles que sería excesivamente prolijo enumerar, las que nos hacen pensar, a un nutrido grupo de técnicos, investigadores, empresarios, empleados públicos de diferentes ministerios, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, sindicalistas y gente de a pie, que el papel del IGME como Servicio Geológico Nacional está profundamente herido de muerte. No somos los únicos; hace unos meses, una carta firmada por todos los exdirectores vivos del IGME, entre los que se encuentran, lógicamente, procedencias de todas las sensibilidades políticas mayoritarias, fue dirigida al Secretario de Estado de Investigación, a la sazón actual presidente del IGME, instándole a reconsiderar la línea de destrucción de sus funciones como servicio geológico y a reforzarlas en el papel del IGME ante la sociedad española. Aunque parezca increíble, podría darse la paradoja de que en un contexto de profunda crisis económica en todas las administraciones públicas, que está cuestionando en algunos sectores la viabilidad futura del gasto público, especialmente con motivo de la duplicidad de los gastos autonómicos, se dinamite de manera controlada, uno de los escasos ejemplos modélicos de eficiencia y de cooperación interinstitucional. El IGME es un Servicio Geológico Nacional que ofrece su asesoramiento experto en cuestiones relacionadas con las Ciencias de la Tierra a todas las administraciones públicas (estatal, autonómica y local), en primera instancia y, de manera subsidiaria, al conjunto de la ciudadanía. Si hemos tenido éxito en nuestra explicación, el lector habrá comprobado que los ámbitos de aplicación de su trabajo son muchos, muy variados y con importantes implicaciones económicas, sociales y ambientales. Es fácil imaginar cuánto costaría mantener 17 servicios geológicos autonómicos que realizaran las funciones equivalentes a las que actualmente el IGME lleva a cabo.
Por todo esto, entendemos que hoy, más que nunca, pervive la necesidad de mantener en activo un Servicio Geológico Nacional con un mandato claro y con suficientes recursos económicos, pues afortunadamente posee un capital humano que roza la excelencia. No hay que olvidar que un porcentaje importante de los recursos económicos con los que trabaja cada año proceden de la autofinanciación que proviene de las citadas funciones como servicio geológico. España, por suerte, tiene un buen servicio geológico nacional y no puede permitirse dejar de tenerlo. Menos aún bajo la apariencia de un teórico paso adelante en el ámbito de la modernización de la estructura de la I+D+i, encubierta en la futura Ley de la Ciencia. Todo parece indicar que quien debería verlo no está viendo lo que está pasando ante sus propios ojos, y si lo ve, no está sopesando adecuadamente las consecuencias. Colectivamente no estamos para permitirnos errores de este calibre. Hay que salvar ahora al Servicio Geológico Nacional, hay que salvar al IGME. Este es un mensaje de socorro, mañana será tarde.
Juan José Durán Valsero es geólogo, investigador titular de OPI
Roberto Martínez Orío es ingeniero de minas, técnico superior especialista de OPI.
